La jefa de Gobierno de la Ciudad de México subrayó que, a diferencia de administraciones anteriores, su gestión ha mantenido canales de comunicación activos con el magisterio en los estados, tanto a nivel local como federal. “Tienen diálogos en sus entidades con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Educación. Antes ni siquiera eso ocurría. Ahora hay mesas de trabajo en sus estados y también aquí”, afirmó, destacando un cambio significativo en la relación entre el gobierno y los docentes.
Aunque reconoció que las demandas del sector educativo son legítimas, la mandataria admitió que existen limitaciones presupuestarias que condicionan la capacidad de respuesta. Sin embargo, enfatizó que su administración ha impulsado acciones concretas para atender al magisterio, como los incrementos salariales acordados el año pasado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además, recordó otras medidas implementadas en años recientes para mejorar las condiciones laborales y pedagógicas de los docentes.
“Seguiremos buscando soluciones y apoyos adicionales para el sector educativo”, aseguró, reiterando que el diálogo con los maestros permanece abierto. No obstante, aclaró que, en esta etapa, las negociaciones están a cargo de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, descartando por ahora un encuentro directo con los representantes magisteriales. “El diálogo nunca se ha cerrado con Gobernación ni con Educación Pública. La última vez que habíamos acordado una reunión conmigo, simplemente no llegaron. Decidieron no asistir. Por eso, ahora las conversaciones continúan a través de las instancias correspondientes, que tienen toda la atribución para ello”, explicó.
La postura de la mandataria refleja un esfuerzo por equilibrar la atención a las demandas históricas del magisterio con las restricciones fiscales que enfrenta el país. Aunque el tono es conciliador, también deja en claro que las negociaciones deben ajustarse a los mecanismos institucionales establecidos. Mientras tanto, en varios estados del país, los docentes han mantenido movilizaciones para exigir mejoras salariales, mayor inversión en infraestructura escolar y la revisión de políticas educativas que, a su juicio, afectan su labor.
El tema educativo sigue siendo uno de los más sensibles en la agenda pública, no solo por su impacto en millones de estudiantes, sino también por el peso político y social del magisterio. La estrategia del gobierno parece enfocarse en evitar escaladas de conflicto, al tiempo que busca avanzar en acuerdos parciales que permitan dar respuesta a las demandas más urgentes. Sin embargo, la falta de un encuentro directo con los líderes magisteriales podría interpretarse como una señal de cautela, en un contexto donde las tensiones entre el Estado y los sindicatos han sido recurrentes.
Lo cierto es que, más allá de las declaraciones, el sector educativo requiere soluciones estructurales que trasciendan los ajustes salariales. La modernización de las escuelas, la capacitación docente y la actualización de los planes de estudio son algunos de los pendientes que, según especialistas, deben abordarse con mayor urgencia. Mientras tanto, el diálogo —o la falta de él— seguirá siendo un termómetro de la relación entre el gobierno y uno de los gremios más influyentes del país.
